Los contadores públicos mexicanos están preocupados por una propuesta que amenaza con limitar su labor.
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SAT vs contadores: podrían ir a prisión por no delatar contribuyentes

El Instituto Mexicano de Contadores Públicos se muestra preocupado por medida del Servicio de Administración Tributaria que puede limitar independencia de profesionales.

Por: Ivo Esqueda

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) entregó el 8 de septiembre pasado, en nombre del Poder Ejecutivo y en la persona del secretario Rogelio Ramírez de la O el Paquete Económico 2022 al Congreso para que lo revise y apruebe su contenido. Varias medidas nuevas se incluyen entre la miscelánea fiscal, pero una en particular causó preocupación entre los contadores públicos de México que la tarde del lunes manifestaron su inquietud.

Se trata de una instrucción de Hacienda para obligar a los contadores a señalar a los contribuyentes que no cumplan con su obligación fiscal o bien desarrollen actividades ilícitas. Si el contados desacata este mandato, podría verse suspendido en su labor profesional o hasta encontrarse enfrentando una cuestión penal de 6 años en prisión.

La orientación de esta medida se encamina a obligar a estos profesionales que auditan los ingresos de personas morales, mayormente en el caso de las grandes empresas que registran ingresos superiores a los 876 millones de pesos durante el último período fiscal.

La forma de hacer este mandato será mediante la reforma a la ley que propone Hacienda y que consiste en una modificación al Artículo 52, Fracción II del Código Fiscal de la Federación (CFF).

En concreto se añadiría un párrafo en el que se determine que todo auditor tiene que notificar al Servicio de Administración Tributaria (SAT) al enterarse de irregularidades tras el dictamen que el contribuyente en cuestión incurrió en faltas a sus obligaciones fiscales o aduaneras, o bien cuando su comportamiento pueda tipificarse como una actividad ilícita en materia fiscal.

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De ser aprobada esta reforma por el Legislativo, se haría vigente desde el 2022 y quedarían fijadas las sanciones que correspondan para los casos previstos, con medidas punitivas de los tres hasta seis años de cárcel, o bien ser dados de baja del Registro de Contadores Públicos por un lapso de tres años.

Por su cuenta el Instituto Mexicano de Contadores Públicos (IMCP) externó que esta iniciativa sea replanteada para acreditar los principios de razonabilidad y proporcionalidad de los castigos propuestos.

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La asociación de profesionales advierte que el cambio propuesto en ese artículo llevaría a poner en entredicho la independencia de los auditores, al atribuyendo a estos trabajadores el conocimiento que asume el abogado, responsabilizándoles por las acciones que cometa el contribuyente infractor y no ellos como auditores.

Para más información sobre este y otros temas, visita la sección de Noticias de Mi Bolsillo.

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